Firma electrónica en Argentina

En la República Argentina, si bien la ley tiene sanción en el año 2001(Ley de Firma Digital Nº 25.506 de 2001, siguiendo el modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas), es en el año 2012 cuando se reglamenta el uso de firma digital en el sector privado, para la firma de documentación de Recursos Humanos y hacia organismos del Estado, exclusivamente. Hasta ese entonces era una ley sin aplicación práctica.

A finales de 2014 se amplía su uso por Decisión Administrativa 927/2014  a “cualquier aplicación” y define una Política Única de Certificación, con lo cual la firma se puede utilizar para cualquier actividad privada, se reglamenta el sello de tiempo, certificados de competencia y certificados de aplicaciones.

Además, la Sección 1197 del Código Civil argentino establece que cuando las partes están de acuerdo en que aceptarán firmas electrónicas como válidas y que no van a cuestionar su validez, el acuerdo que tomen es legalmente vinculante.

De acuerdo a la legislación argentina, firma electrónica y firma digital no son lo mismo. De esta forma, la firma digital se presume válida salvo prueba en contrario siempre que sea verificado correctamente. Sin embargo, la firma electrónica, se invierte la carga probatoria con respecto a la firma digital, esto es, en caso de ser desconocida la firma corresponde a quien invoca su autenticidad acreditar su validez.

En 2016 se impulsa en Argentina la plataforma del estado de “Trámites a Distancia” (TDA) y el fin del uso de papel en el estado. Con lo cual, cada día se realizan más trámites con el estado en forma digital y con firma, reemplazando la burocracia del papel y fomentando la gestión digital.

La Firma Digital Remota esta regulada por el reciente Decreto 892/2017.

Se puede consultar toda la normativa argentina relacionada con la firma digital en este enlace.



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